Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la derogación del decreto 591/19, del ex presidente Mauricio Macri, que flexibilizaba las restricciones para el ingreso de basura al país. La medida del Gobierno apunta a evitar el ingreso de residuos peligrosos camuflados y a potenciar la economía sustentable. Se prevé un plazo de 180 días para redactar una norma que supere el decreto de 1992 –que vuelve a entrar en vigencia–, y resuelva los propios problemas con la basura. Además, se creará una Mesa de Economía Circular con la participación del Gobierno, la industria, recicladores urbanos, entre otros.
Tal como había anunciado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el Gobierno derogó el decreto 591/19 de la gestión anterior, que a su vez dejaba sin efecto el de 1992, que prohibía la importación de residuos. La decisión del ex presidente Mauricio Macri había provocado el rechazo de organizaciones ambientalistas y de cooperativas de cartoneros. “Es indigno y un descalabro permitir la importación de basura, no hay ninguna razón para importar residuos”, había manifestado Cabandié al asegurar que el decreto de la gestión anterior sería derogado.
El decreto 591 fue publicado en agosto pasado y reglamentado tres meses después. La medida flexibilizaba las restricciones para el ingreso de “rezagos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrio roto, cascote y plásticos” para su uso como “insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo”.
Para las nuevas autoridades, el decreto 591 no resuelve el problema de fondo; al contrario, atenta contra el objetivo de potenciar la economía circular con residuos locales, no del exterior. La excesiva producción de basura, la existencia de alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país y la necesidad que tienen algunas industrias de recurrir a estos desechos compromete al Ministerio a generar una política de manejo de residuos, que incluye el control sobre los mismos. Esta medida apunta a evitar el ingreso de residuos peligrosos camuflados, una actividad ilegal que, eventualmente, y además de los efectos ambientales, podría haber sido un negocio no declarado y de alta rentabilidad.
Poco después de asumir, el ministro Cabandié señaló: “Nosotros producimos demasiada basura porque no reciclamos, si además de todo permitimos la importación de basura es un descalabro, es de una irracionalidad tremenda. No podemos permitir eso porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos y nosotros también tenemos los nuestros”. Y añadió: “Lo último que tendría que hacer un país es permitir la importación porque no tenemos ni plata ni plantas específicas para residuos peligrosos. Y nosotros también tenemos residuos peligrosos que producimos en distintas industrias y tenemos que tener un tratamiento especial. No hay ninguna razón para importar estos residuos”.
El ministro también definió al manejo de la basura en la Argentina como “medieval” y graficó con la existencia de 5.000 basurales a cielo abierto en un país con 2.500 municipios. Por eso propuso un “cambio cultural”, al señalar que “la industria va a ser contaminante si no reparamos ciertas cuestiones de tratamiento ambiental”. Y aclaró: “No estamos en contra de la industria sino que lo que estamos diciendo es que hay que cuidar nuestro planeta, nuestra vida, lo que comemos, porque está en juego nuestra sociedad. Y por eso hay un paralelismo con lo económico”. También apeló a la participación: “Ningún logro se pude obtener si no es acompañado por la sociedad y la conciencia ambiental de la sociedad. No hay justicia social si no hay justicia ecológica ambiental”.
La derogación del decreto del gobierno anterior –que firmaron Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Producción Dante Sica, vuelve a poner en vigencia el decreto 181/92, que prohibía expresamente la importación de residuos. De todos modos, esto no resuelve el problema de fondo debido a la desactualización del mismo. Por este motivo, se prevé que en un plazo de 180 días a partir de la derogación se presente una propuesta para una nueva normativa, que contemplará la realidad actual en la materia.
Por otra parte, aunque en el mismo sentido, se conformará una Mesa de Economía Circular con la participación de todos los sectores involucrados –Gobierno, industria, recicladores urbanos, etc.–, que discutirá sobre las necesidades y aportes de cada sector a la actividad, en un marco de reglas claras y políticas acordes al contexto. Además de Ambiente, serán de la partida los ministerios de Producción y Desarrollo Social.
Un decreto peligroso
Según denunciaron en su momento organizaciones ambientalistas, uno de los problemas del decreto que modificaba la ley de Residuos Peligrosos era que permitía el ingreso de basura sin certificado de inocuidad. Desde el gobierno anterior justificaban la medida al sostener que, en la práctica, esos certificados habían dejado de exigirse hace años, lo que de algún modo confirman las autoridades actuales del Ministerio, pero que no le quita gravedad a la importación indiscriminada. Además, la política propuesta por el macrismo va a contramano de la tendencia mundial. Al respecto, Enrique Viale, miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas, había expresado a Nuestras Voces: “China a principios de año (2019) hizo diametralmente lo opuesto a este decreto. Redujo en un 99% los residuos que ingresan a ese país y este es uno de los grandes motivos de este decreto. Estados Unidos era el mayor proveedor de basura a China y se ha quedado sin ese mercado y están las ciudades norteamericanas colapsando debido a la cantidad de residuos plásticos que no saben dónde colocarlos. Yo creo que hay un pedido de Estados Unidos a los países aliados, entre comillas, para que flexibilicen su normativa. En Ecuador y en Paraguay en este momento se está discutiendo algo parecido. Ecuador ya tiene una problemática en ese sentido. Estados Unidos necesita un mercado internacional”. Y lo vinculó de algún modo con el proyecto de incineración de basura en la ciudad de Buenos Aires: “Hay que ver si esto no tiene una relación con la autorización que hizo Larreta hace un año. Si bien todavía no están construidas las plantas, son muy demandantes de residuos para funcionar, entonces también ahí habría que ver si hay algún tipo de relación”.
En el mismo sentido, una investigación publicada en The Guardian reveló que, a propósito de la prohibición china, unos 68.000 contenedores de residuos plásticos provenientes de los Estados Unidos fueron enviados a países en vías de desarrollo. “El problema –señala el trabajo del diario británico– es que esta basura se continúa acumulando en estas zonas ya que estos países no son capaces de manejar más del 70% de sus propios desechos plásticos. Según el informe, Ecuador sería uno de los países a donde se están enviando estos desechos para su reciclaje y es el único lugar en América Latina que forma parte de esta lista”.
En cambio, para Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación, “no podemos seguir viendo a los residuos como en los 90, son recursos. El decreto 181 de 1992 respondía al ingreso de todo tipo de residuos, especialmente residuos nucleares y baños químicos. Con los años los países ya no emiten certificados de inocuidad y muchas corrientes ingresaban a la Argentina y encontraban un escollo muy grande para poder ingresar». Agregaba que el objetivo del decreto 591 era flexibilizar el ingreso de ciertos materiales que se utilizan en distintas industrias y que la Argentina no produce o no lo hace en un volumen suficiente. Y citaba ejemplos como el scrap de aluminio, el caucho o la chatarra.
“Lo único que estamos haciendo es regularizar una situación de hecho que actuaba como una barrera de producción. Hace cuatro años Estados Unidos dejó de emitir certificados de inocuidad. Ahora, además, debe haber una resolución conjunta de Producción y de Ambiente para permitir los ingresos. A eso se suma el control aduanero”, indicaba Trebino para justificar la medida.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), un sector que se hubiera visiblemente afectado por el decreto que ahora se deroga, de las 40 mil toneladas de basura que la Argentina produce cada mes, el 40 por ciento podría ser reciclado. De ese total se recicla la mitad por el trabajo de los 150 mil cartoneros que hay en todo el país. “En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre», expresaron en un comunicado al momento de la firma del decreto.
El problema de los basurales a cielo abierto fue la primera manifestación pública del ministro Cabandié al día siguiente de asumir. Dos meses después se produce la derogación del decreto que permitía la importación de basura de manera casi indiscriminada. Parece haber llegado a la Argentina el momento de ocuparse del problema de la basura. En buena hora.